Sergio López. Madrid
Las 37,5 horas semanales comienzan a tener –y valga el juego de palabras– las horas contadas. Dos comunidades autónomas, País Vasco y Castilla-La Mancha, ya han devuelto a sus funcionarios la jornada de 35 horas semanales, mientras que en otras comunidades autónomas se incrementa la presión sobre sus respectivos Gobiernos para que se sigan ese camino. Incluso el PP, partido que impuso el aumento horario desde el Gobierno central, se ha rebelado y ha pedido abiertamente su fin en Andalucía y Asturias.

Francisco del Busto (Asturias), José María Vergeles (Extremadura), Antonio Sáez Aguado (Castilla y León), Aquilino Alonso (Andalucía) y Jesús Sánchez Martos ( Madrid).

Para Catalina García, diputada popular en el parlamento andaluz, las 35 horas entran, como las pagas extra en el capítulo de derechos que hay que devolver  a los funcionarios. “Estamos a favor de hacer una propuesta al Gobierno central para reducir las 35 horas”, dijo en sede parlamentaria.

Así las cosas, el terreno está abonado para que las diferentes regiones presenten iniciativas en este sentido o incluso vuelvan, directamente y por su cuenta y riesgo, a las 35 horas. Estas son las próximas autonomías donde podría producirse ese retorno.

Andalucía

En Andalucía sigue sin haber acuerdo acerca de cómo aplicar las dos horas y media extra semanales en un momento en el que la norma estatal empieza ya a tambalearse. Su traslación al Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sido especialmente polémica. Los sindicatos han denunciado a la Consejería de Sanidad porque en lugar de repartirse de manera homogénea el incremento horario se imponía trabajar durante una tarde completa cada dos semanas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado en su favor.

El pasado jueves, durante una comisión parlamentaria en la que se debatía esta problemática a petición del PP, todos los grupos criticaron la norma estatal. Incluido el PP. Su portavoz de Sanidad, Catalina García, anunció su disposición de impulsar una petición de vuelta a las 35 horas. La Junta de Andalucía contaría, por tanto, con los votos de PP para revertir una situación que le está costando un duro enfrentamiento con sus trabajadores.

Asturias

Hace pocos días, el PP de Asturias votó en la Junta General a favor una iniciativa de Podemos que pedía la vuelta a las 35 horas. El texto de la propuesta incluía palabras muy duras contra Montoro en su exposición de motivos, ya que mencionaba que las 37,5 horas se aprobaron de forma “antidemocrática” y con “el más absoluto desprecio por el derecho a la negociación colectiva”. El diputado regional del PP, Luis Venta, calificó esas palabras como “trampa para que su partido votase en contra” y justificó su apoyo a la medida en que su partido “defiende a los empleados públicos “como ningún otro”.

El PSOE, paradójicamente, votó en contra de la medida. La diputada socialista Margarita Vega lo justificó diciendo que el encargo de la Junta General sería imposible de cumplir, ya que “no hay presupuesto para ello”. Sin embargo, Vega obvió que el PSOE está en minoría en el Gobierno y que el Principado tiene las cuentas prorrogadas. Cualquier nuevo presupuesto o modificación de crédito para continuar con la prórroga necesita el apoyo de las fuerzas de la oposición. Si PP y Podemos consolidan su ‘pinza’ en favor de las 35 horas, el Gobierno regional tendrá que aplicar la reducción.

Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid fue el primero, una semana antes que el asturiano, en tener un mandato de su parlamento regional para volver a las 35 horas semanales. La  Asamblea de Madrid aprobó la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, por la que se instaba al Gobierno a volver a las 35 horas semanales “como paso previo a la recuperación de los derechos perdidos de los profesionales”. El ejecutivo regional, del PP, aún no ha hecho acuse de recibo y se mantiene dentro de la línea oficial del partido. Sin embargo, depende de los  votos de sus socios de Ciudadanos para que sus leyes salgan adelante.

Extremadura

En Extremadura, la vuelta a las 35 horas es un compromiso del presidente regional, Guillermo Fernández Vara, adquirido durante la campaña electoral y que los sindicatos le recuerdan insistentemente. Fuentes del Gobierno regional y del ámbito negociador de los sindicatos explican que el Ejecutivo está a la espera de que haya un nuevo ejecutivo en Madrid y saber a qué atenerse, para evitar un posible recurso, como el que está en marcha contra Castillla-La Mancha. Desde la Junta precisan que se trata de un compromiso “de legislatura”, pero el contexto nacional podría acelerar su aplicación.

Castilla y León

Hace tres años, poco después de que se aprobase el , Castilla y León solicitó formalmente al gobierno nacional la retirada de los impedimentos legales existentes para la recuperación de la jornada de 35 horas, si, a cambio, los funcionarios aceptaban una reducción salarial. Los sindicatos aún se lo recuerdan al presidente regional, Juan Vicente Herrera, (obviando la segunda parte) y piden la convocatoria urgente de una mesa de negociación para recuperar la jornada ‘pre-crisis’. Estiman que, de esta manera, se recuperarían unos 600 puestos de trabajo en el ámbito sanitario.

¿Se mantendrán las 35 horas donde ya se ha vuelto?

Hasta ahora el Gobierno central, en funciones, no parecía dispuesto a dar vía libre a las autonomías a la hora de saltarse esta parte del RD 20/2011 que impulsó hace tres años. Hace solo un mes, el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pidió la celebración de una bilateral entre el Estado y Castilla-La Mancha, una especie de ‘acto de conciliación’ previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.

Fuentes de Hacienda explicaron a Redacción Médica que lo único que podría evitar el recurso al alto tribunal sería que Castilla-La Mancha desistiese de devolver a sus funcionarios la jornada de 7 horas diarias y advirtieron que se interpondrían nuevos recursos a “todas las regiones” que aprobasen normas análogas, en clara referencia al País Vasco. Sin embargo, a la interinidad del Gobierno, se une un coro creciente de voces disonantes en el partido que lo sostiene; algo que no augura un buen futuro para los posibles recursos.