Ante el desastre organizativo y el inminente colapso de la Atención Primaria madrileña, treinta y seis directores de CS, han dirigido una carta a Marta Sánchez-Celaya del Pozo, solicitando la intervención inmediata y medidas para paliar el desastre que los profesionales venimos denunciando hace tiempo.
El 20 de marzo, viernes. Dos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid se quebraron. La oleada de pacientes provocada por la pandemia de COVID-19 sobrepasó los centros Severo Ochoa (Leganés) y Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares). Llevaban días en situación «dramática», según contaban sus sanitarios, y aquella jornada solicitaron que trasladaran pacientes a otros hospitales al verse sobrepasada su capacidad de atención.
Otros hospitales bordearon situaciones similares: en el Universitario de Getafe, en Fuenlabrada, en el Doce de Octubre, en La Paz… Además, hasta 70 centros de Atención Primaria (incluidos de urgencias) cerraron para alimentar con sus profesionales el centro provisional de Ifema ante la falta de personal disponible.
La pandemia ha provocado una situación sin precedentes, pero detrás de esa excepcionalidad se escondía en Madrid una debilidad adquirida a conciencia. «Todos los años de recortes han hecho que el sistema se quedara muy adelgazado», reflexiona el responsable del sector sanitario de UGT, Julián Ordóñez. ¿Recortes? La que fuera presidenta de Castilla-La Mancha, consejera de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, aseguraba que los ajustes presupuestarios impuestos desde 2011 estaban «salvando los servicios públicos de la quiebra» y que su deterioro era una «falacia de la izquierda».
Pero los recortes quedaron plasmados en las cuentas oficiales. La Comunidad de Madrid gastó en sanidad –no presupuestado sino gasto real– 8.438 millones de euros en 2011. Fue el pico. En 2018 el gasto, aunque remontó después de la crisis, fue todavía menor: 8.388 millones, según la Estadística del Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad. Entre medias, esa cifra estuvo por debajo de los 8.000 millones en los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Mientras tanto, la «población con derecho a la asistencia sanitaria pública» en la Comunidad de Madrid crecía. En 2008 eran 6,31 millones de personas y en 2018 llegó a los 6,78 millones. Un 7,4% más, según los datos del Gobierno regional.
La inspección de trabajo obligó al organismo del que depende Emergencias a dar partes de accidente laboral a varios operadores atendidos por crisis
En 2013 el Gobierno de Ignacio González recortó la plantilla un 15% y aún no se ha recuperado pese a que hay un acuerdo que obliga a que se haga este año
«Somos el primer filtro para atender emergencias de todo tipo y no debería haber espera en ningún momento, pero la hay», dice uno de los empleados.
Los operadores que atienden la línea de emergencias 112 denuncian que están desbordados. Su teléfono, dependiente del Organismo Autónomo Madrid 112, es el primer filtro por el que pasa cualquier aviso de emergencia en la Comunidad de Madrid –desde urgencias médicas hasta bomberos– y «se colapsa con un mínimo imprevisto». «No debería haber espera en ningún momento, pero la hay, a veces hasta cuatro o cinco minutos», denuncia Pedro, uno de los empleados y miembro del comité de empresa.
En el año 2013 el Gobierno de Ignacio González recortó en un 15% la plantilla de operadores con una reducción de puestos de trabajo de 149 a 129 (20 vacantes). A día de hoy el número es el mismo, pese a que la Comunidad de Madrid tiene de plazo hasta finales de este año para contratar al menos a 10 personas, según el acuerdo que suscribió con los trabajadores después de la huelga que secundaron en verano de 2016 para protestar por la falta de personal.
Los operadores que atienden la línea de emergencias 112 denuncian que están desbordados. Su teléfono, dependiente del Organismo Autónomo Madrid 112, es el primer filtro por el que pasa cualquier aviso de emergencia en la Comunidad de Madrid –desde urgencias médicas hasta bomberos– y «se colapsa con un mínimo imprevisto». «No debería haber espera en ningún momento, pero la hay, a veces hasta cuatro o cinco minutos», denuncia Pedro, uno de los empleados y miembro del comité de empresa.
En el año 2013 el Gobierno de Ignacio González recortó en un 15% la plantilla de operadores con una reducción de puestos de trabajo de 149 a 129 (20 vacantes). A día de hoy el número es el mismo, pese a que la Comunidad de Madrid tiene de plazo hasta finales de este año para contratar al menos a 10 personas, según el acuerdo que suscribió con los trabajadores después de la huelga que secundaron en verano de 2016 para protestar por la falta de personal.
Plataforma SAR Madrid 